Amanecía el miércoles pasado en Lorton, Virginia, cuando el abogado Jeffrey Clark escuchó un golpeteo en la puerta de su casa. Nada más asomarse, fue conminado por sus visitantes a esperar en pijama a media calle, mientras una docena de agentes del FBI, dos oficiales del condado de Fairfax y un perro especialista en detección de enseres electrónicos invadían su casa, en busca de evidencias de su papel de conspirador en un abierto intento de golpe de estado.
Fue exactamente un año y medio atrás, diciembre 22 de 2020, que el congresista Scott Perry –presidente del Freedom Caucus, especie de cuadrilla ultraconservadora dentro de la cámara de Representantes– llevó a Jeffrey Clark a la Casa Blanca, donde los esperaba Donald Trump, todavía presidente en funciones pero ya derrotado como candidato. Resuelto, sin embargo, a revertir esa calamidad e imponer sus afanes y fantasías sobre los datos duros que tenía a la mano, Trump decidió montarse en el cuento de un fraude que nadie en sus cabales respaldaba:
“Ustedes sólo digan que la elección está corrompida, de lo demás nos encargamos los congresistas republicanos y yo”, había pedido el entonces mandatario a su procurador, Jeffrey Rosen, y como éste se negara a lanzar una investigación en torno a semejante barbaridad, quedaba aún la opción de destituirlo y nombrar en su puesto al oportuno Clark: un oscuro abogado ambientalista cuya única fama era de incompetente.
“Tiene que haber alguien a cargo del Departamento de Justicia a quien no le preocupe su reputación”, había aventurado el también coludido Rudy Giuliani, y bien sabía Trump que el pobre diablo Clark llenaba esos zapatos. Una vez en el cargo, el procuradorcito se encargaría de acelerar los trámites y gestiones para modificar el resultado de la elección, empezando por una carta a las más altas autoridades del Estado de Georgia, cuyo borrador fue calificado de “pacto suicida” por varios altos funcionarios del Departamento de Justicia, mismos que el 3 de enero amenazaron con renunciar en masa, si acaso el nombramiento se hacía cierto. ¿Quién más podía ya avalar la calumnia, sino la turba que tres días después llevó a cabo una insurrección en pleno Capitolio por instrucciones del calumniador?
“Estamos hoy aquí porque los hechos fueron irrelevantes para el presidente Trump. Se trataba de proteger su muy real poder y su muy frágil ego, incluso a costa de socavar temerariamente nuestro sistema electoral entero”, ha sentenciado el congresista republicano Adam Kinzinger, como parte del comité parlamentario que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, cuyas audiencias han sido hasta hoy una suerte de thriller en episodios sórdidos y tragicómicos, seguidos en directo por decenas de millones de norteamericanos que ahora enfrentan un solo hecho incontrovertible: su cuadragésimo quinto presidente, el que llamó a la prensa “enemiga del pueblo”, es un reconocido criminal.
Hoy se sabe que varios congresistas que entonces apoyaron la calumnia trumpiana pidieron asimismo el perdón presidencial para quedar impunes, si algo salía mal. Y ahora que la trama es del dominio público, no falta quien se rasgue las vestiduras. Según tuiteó anteayer el avieso Scott Perry, la sola sugerencia de que buscó el perdón presidencial “es una mentira absoluta, desvergonzada y desalmada”. Palabras que serían tal vez conmovedoras, si no vinieran de alguien que apostó su futuro y su reputación a respaldar una inmensa mentira, de la cual hoy existe constancia redundante. Por su parte, el ingenuo Jeffrey Clark ha enfrentado los interrogatorios parapetado tras su raquítico derecho al silencio, ante la gritería de las evidencias.
“¡Me robaron!”, sigue diciendo el pícaro que pretendió robarse una elección sin una sola prueba de sus dichos, a fuerza de amenazas, infundios, chantajes y grotescas tentativas de corromper a quien fuera preciso para quedarse con la presidencia. Todo ello está a la vista, no es cosa de opinión ni caben las fake news. El granuja y sus hombres de juguete han quedado desnudos ante el mundo.
Este artículo fue publicado en Milenio el 25 de junio 2022, agradecemos a Xavier Velasco su autorización para publicarlo en MEX APPEAL.
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