Mi abuela siempre trabajó en el gobierno. Viuda joven, corrió con suerte al tramitar el estatus de “veterana de la Revolución” que a lo largo de su vida le sería útil de incontables maneras, y asimismo le acarrearía diversos compromisos (a manera de pago por cuanto privilegio pudiera disfrutar). Uno de ellos fue hacerse militante del PRI y esporádicamente responder a una que otra convocatoria partidista. ¿Que si creía en ellos? Al revés, la verdad. Los detestaba, con absoluta conciencia de causa. Ya fuera en la oficina, los mítines o las casillas de votación —donde se le citaba religiosamente— muy poco preocupaba a los jerarcas que estafas, corruptelas y mentiras resultaran notorias, y hasta se habría dicho que tal era un botón de orgullo aparte.

Solía ser rutina, según me platicaba la madre de mi madre, que al fin de la elección llegara una cuadrilla de empleados del gobierno a reemplazar los votos recibidos por kilos de boletas favorables al partido en el poder. Nada que no fuera un secreto a voces, mismo que con frecuencia se tomaba como parte del alma nacional. Si en otras partes se respetaba la ley, o al menos lo intentaban, en México solo corría con suerte quien hacía pandilla con los influyentes y pegaba la boca a la gran teta revolucionaria. “No pido que me den”, rezaba el dicho, “sino que me pongan donde haya”, y no era exactamente cosa de broma, ni parece que hoy sea cosa del pasado.

Conocí, ya en la escuela, a una hilera de juniors de renombrados funcionarios públicos. Alguno de ellos, vástago consentido de un jefe policiaco famoso por su trayectoria gansteril, repartía entre sus púberes amigos salvoconductos para la impunidad, firmados por el padre para que nunca osara un policía importunar al joven portador, por más barbaridades que cometiera. Y de nuevo, resulta que esta clase de excesos no constituían estigmas sino signos de estatus que imantaban la envidia y la admiración de legiones de cínicos, trepadores e ilusos, cuyos méritos rara vez pasaban de saber cuándo abrir y cerrar la boca, igual que un mayordomo siempre alerta a los gestos del patrón. No recuerdo, de niño y adolescente, haber oído de labios de mi padre palabra más inmunda que “lambiscón”, y era obvio que el gobierno estaba lleno de ellos.

Se daba por sentado en esos tiempos que un alto funcionario del gobierno tendría el poder bastante para vejar a quien se le antojara, sin pagar la menor consecuencia porque la gente hablaba de esos temas en voz baja, como los niños con adultos presentes. Antes que desconfianza, menosprecio, tirria o repelús, el gobierno solía inspirar un miedo solamente atemperado por la certeza de que, en última instancia, siempre bailaría el perro con dinero.

Fue hasta finales del siglo pasado que comenzó a permear la novedosa idea de que el gobierno existía por y para nosotros, no al revés. Pues no éramos nosotros sino ellos quienes tenían que acumular méritos, ni queríamos ya depender de “palancas” o amigos “bien parados” para ser receptores de la atención y los servicios por los que, by the way, ya habíamos pagado.

De entonces para acá, miro al siglo pasado con la extrañeza de quien pudo ver a sus padres y abuelos ser tratados como menores de edad por gobiernos que actuaban como sus superiores. No sé si me equivoco hablando en copretérito, pero hace tiempo ya que saltamos de pueblo a ciudadanos y dudo que el proceso contemple la reversa.

Antes, cuando se nos trataba como niños, contaban los tiranos y sus lambiscones con nuestra espeluznada discreción. Nunca pudo mi abuela decir su parecer sobre la corrupción en horas hábiles, aunque luego en familia se desquitara riéndose de cuanto se temía irremediable. Que todo esto deje de ser tratado como secreto a voces constituye una prueba de mayoría de edad. No es el mismo país, y más valdrá que nadie lo pretenda.

Este artículo fue publicado en Milenio el 22 de agosto de 2020, agradecemos a Xavier Velasco su autorización para publicarlo en MEX APPEAL.

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